Megaestadio: Inarco denunció en la Justicia que erró el cálculo por culpa de la Provincia

La empresa Inarco inició una demanda contenciosa administrativa y dijo que la principal culpa por no haberse terminado de colocar el techo del Megaestadio fue del Gobierno provincial: dijo, en una demanda contenciosa administrativa a la que accedió Diario Textual, que los errores de cálculo en la cubierta fueron inducidos por la Provincia que no proveyó un proyecto ejecutivo para hacer los trabajos.

La acusación cobra relieve por la nueva licitación que se llamará en los próximos días: tampoco hay proyecto ejecutivo.

Igual, hay que aclarar un punto: no hay ilegalidad si no existe un proyecto ejecutivo antes de la licitación. Uno de las pocas obras públicas grandes que lo tuvo a ese proyecto fue el nuevo hospital santarroseño.

La demanda ya fue rechazada por la Sala C del Superior Tribunal de Justicia. Inarco, frente a ese “no”, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió.

Héctor Miguel Mohedano, en carácter de presidente Inarco y con el patrocinio letrado de Luis Alberto Tellería (h) y María Emilia Tellería, interpuso una demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa para pedir la nulidad de los Decretos números 343/15 y 716/15. Con el primero se dispuso la rescisión contractual del estadio y con el segundo fue rechazado el “recurso de reconsideración” de la empresa.

En esos decretos, el Gobierno de Oscar Jorge rescindió el contrato “con culpa” hacia Inarco. Es decir, el Gobierno sostuvo que la empresa fue la responsable de que no se terminara la obra.

Mohedano, en tanto, requirió que la rescisión del contrato sea “sin culpa” hacia Inarco. El empresario, en su presentación, recordó que el antecedente del polideportivo santarrseño es una obra prevista para la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. “Era de menor envergadura que la que del proyecto para esta ciudad, por ello y sumado a la ausencia de una debida proyección de la obra, devino en la elaboración de un pliego licitatorio incompleto e insuficiente”, dijo.

La empresa inició los trabajos y, antes del montaje de la estructura cubierta del techo, efectuó los cálculos pertinentes. Sin embargo, ese montaje de la estructura cubierta de techo colapsó.

Mohedano dijo que “los errores en que incurrió la empresa para efectuar los cálculos fueron provocados o inducidos por los defectos contenidos en los pliegos de la licitación, particularmente porque la obra fue licitada sin proyecto” por el primer Gobierno de Carlos Verna.

“Sin perjuicio de ello -prosiguió- Inarco SA se hizo cargo de los gastos que significaron los errores, por lo que le adjudica a la provincia la responsabilidad. Inarco SA contrató a su cargo al ingeniero Mariano P. Ameijeiras, profesional que determinó que la única viabilidad para que el defectuoso proyecto pudiese concluirse, significaba la existencia de una nueva obra”.

Así, hicieron un nuevo proyecto del techo. “Conforme a este nuevo proyecto y cálculo, el tonelaje de la estructura y cubierta metálica del techo del Megaestadio pasó de noventa (90) toneladas previstas a novecientas (900) toneladas y ello cambió la ingeniería de lo proyectado, suponiendo un desafío técnico único en el mundo. En tanto el referido ingeniero realizaba los trabajos, entre la Provincia de La Pampa y la empresa se celebró el Contrato n° 23/08 (09/4/08), que tuvo por objeto prever el presupuesto con que se había de afrontar la ejecución de los trabajos adicionales de la obra, entendiéndose por tales el ajuste alzado, fijándose un plazo de ciento veinte (120) días corridos para ejecutar los trabajos contados a partir del Acta de reinicio de la obra”.

El empresario reconoció que asumió “la responsabilidad total por las deficiencias de los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra y los costos”, pero aclaró que “en el convenio quedó claro que se trataba de un nuevo proyecto”, el cual fue sometido a la autorización del Poder Legislativo, sancionándose la Ley 2516 que autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir el convenio.

Mohedano dijo que al asumir la total responsabilidad por las deficiencias en los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra, mediante una presentación efectuada por la empresa con fecha del 26 de febrero de 2008, Inarco SA devolvió los fondos que le fueron pagados en relación a la estructura y apuntalamiento de la obra.

En este punto, la empresa comenzó la ejecución del nuevo proyecto, ejecutando el 80%. “Sin embargo en julio de 2012 apareció una contingencia imprevisible; frente a ello el contratista efectuó una presentación de que la nueva estructura no podía ser montada reutilizando el apuntalamiento ya ejecutado en la primera versión cubierta, puesto que la nueva estructura pesaba 900 toneladas, contra las 200 toneladas que tuvo la cubierta aprobada en 2007 por la Dirección de Obras Básicas y Particulares de la provincia. La nueva estructura requería un apuntalamiento total de la superficie a cubrir en forma simultánea, lo que significaba que las torres iniciales construidas para apuntalar eran insuficientes”, dijo.

“El problema fundamental se constriñó al apuntalamiento y montaje de la nueva estructura y requería de un nuevo plazo y la Administración consideró razonable acceder a la petición de Inarco SA”, expresó.

La nueva estructura proyectada por el ingeniero Ameijeiras se encontraba finalizada, así como acopiados los materiales para finalizar la obra. “Pero la cuestión pendiente era el derecho de Inarco SA a obtener la satisfacción económica para el montaje de la estructura y el plazo para hacerlo y atento el monto dinerario requerido para proceder a ese montaje, la propia Administración entendió que la obra quedaba encuadrada en los arts. 65, 66 y 67 de la Ley n° 38, sin perjuicio del incumplimiento en que incurrió la provincia al no observar el art. 11, apartado 5, de dicha ley”.

Advirtió que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares “incumplió con las exigencias del art. 11 de la Ley 38”, en razón de que ni los planos obrantes en el pliego ni el presupuesto oficial, eran lo suficientemente claros para permitir cotizar adecuadamente la estructura, como también que la empresa, contractualmente, no tenía la obligación de ejecutar la obra que no haya sido definida en el pliego.

Así, en medio de idas y venidas, el 30 de diciembre de 2010 se suscribió la paralización de la obra. Posteriormente, el 27 de julio de 2012, el gobernador Oscar Jorge emitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en el cual requería que se lo autorizara a aprobar la documentación del montaje de la estructura y cubierta metálica del estadio; a la adquisición por la Provincia de los caños necesarios para el apuntalamiento, los cuales debían ser prestados a la empresa para la ejecución de la obra y que debían ser restituidos al finalizar la misma; y a otorgar suspensiones y/o prórrogas de la obra fundadas en razones técnicas o climáticas.

La Legislatura se negó a aprobar ese proyecto. Principalmente los diputados del vernismo se quejaron de que la Provincia se hiciera cargo del costo del material. Finalmente, en medio de acusaciones y de amenazas de juicios politicos, Jorge levantó la paralización y ordenó el reinicio de los trabajos. Fue el 18 de febrero de 2015. La empresa fue notificada el 27 de ese mes. Tenía un día para terminar. Obviamente que se venció el plazo y posteriormente Jorge rescindió el contrato con “culpa” hacia Inarco.