El intendente de Lonquimay, Luis Rogers fue condenado a 5 años de prisión
Sin apartarse un ápice de la acusación fiscal, el Tribunal Oral Federal condenó ayer al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, al ex comisario Carlos Alanis, y al dueño del prostíbulo ‘Good Night’, Carlos Fernández, a 5 años de prisión por el delito -en distintos grados- de trata de personas con fines de explotación sexual, pero recién se procederá a la detención de los condenados cuando el fallo quede firme, esto será después de las apelaciones que los defensores adelantaron en sus alegatos que presentarán.
Los jueces Marcos Aguerrido, Pablo Díaz Lacava y José Mario Triputti, condenaron a Carlos Fernández por los delitos de sostenimiento de una casa de tolerancia, acogimiento y recepción de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad en perjuicio de más de tres víctimas, y a Rogers y Alanis como partícipes necesarios, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, más una multa de 50 mil pesos e inhabilitación absoluta.
A estas condenas, se sumaron las de Eduardo Mauricio Fernández -hermano del principal imputado y encargado del local-, y a Brian Saxs -empleado del cabaret-, a la pena de 2 años de prisión en suspenso, como partícipes secundarios de los delitos de trata de persona.
Este juicio, que se realizó a lo largo de varias audiencias en el desvencijado e incómodo edificio del Tribunal Oral Federal de esta ciudad, fue el resultado de una investigación primero policial luego judicial que se dio a partir de un par de denuncias sobre el funcionamiento del cabaret de Lonquimay ‘Good Night’ en el período febrero de 2008 a octubre 2009, aunque el local estaba habilitado desde 2001.
Carlos Fernández era el propietario del local, en tanto que Luis Rogers era, y lo sigue siendo actualmente, el intendente que otorgaba las habilitaciones y firmaba las libretas sanitarias de las personas, en este caso mujeres de otras provincias, que trabajaban allí. Carlos Alanis, era en ese período el responsable policial de la subcomisaría del pueblo, y el encargado de realizar los controles.
Para el fiscal federal Jorge Bonvehí, tanto el jefe comunal como el comisario no podían desconocer lo que ocurría en ese local, donde se ejercía la prostitución, según dejó en claro en su alegato, y donde mujeres eran traídas de otras provincias para ‘trabajar’, aprovechándose Fernández de su situación de vulnerabilidad social.
Ayer solo se leyó la parte resolutiva del fallo, en tanto que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el miércoles próximo en horas del mediodía. En la audiencia de este miércoles de los imputados solo concurrió Carlos Fernández, en tanto que en representación de los otros cuatro fueron sus abogados.
La Reforma
