El Frepam avisa: "El Megaestadio va a terminar en un juicio político"
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La Legislatura aprobó hace dos meses y medio un pedido de informe al ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, que aún no respondió. «El lunes (23) se está venciendo los 60 días hábiles para la respuesta al ministro Varela, para el pedido de informes que hizo el PJ y que nosotros acompañamos», expresó el legislador Hugo Pérez.
Pérez dijo que Jorge no quiere terminar la obra. «Pretende que pase por su gobierno, como si nada; se van dilatando los tiempos», sostuvo.
«El megaestadio va a terminar en un juicio político. No sabemos si va a alcanzar al gobernador, pero sí seguramente al ministro», sostuvo.
«Queríamos esperar este informe (de Varela), pero creo que va a terminar en un juicio; no hay mucha alternativa», dijo.
El Megaestadio se empezó a construir en 2006, durante el Gobierno de Carlos Verna (PJ). Debía terminarse en un año, pero aún hoy está inconcluso: por errores de cálculos, no se pudo colocar el techo.
La empresa Inarco, inicialmente, reconoció que se equivocó en los cálculos para hacer el techo y debió desmontarlo. En el medio, logró una ampliación del plazo para colocar uno nuevo y ganó las licitaciones para otros trabajos. Eso le dio un respiro financiero, en medio de la asfixia económica que soportaba.
El nuevo techo debería esta formado por capas de chapa, poliuretano y chapa nuevamente. En diciembre de 2010 se venció el nuevo plazo que, incluso, le autorizó la Legislatura, pero el techo no fue colocado.
Un año y medio después, a mediados de 2012, el Gobierno anunció cambios. Pero esas modificaciones no fueron aprobadas por los legisladores: directamente reclamaron que rescindieran el contrato con Inarco.
Uno de los puntos más espinosos en este nuevo proyecto de Jorge residía en una importante compra: el Gobierno pretendía adquirir una serie de 40 columnas especiales de acero para apuntalar, provisoriamente, el nuevo techo.
A fines de 2012, el gobernador Oscar Jorge ideó una nueva salida para terminar la obra: decidió crear una comisión tripartita conformada por un representante del Poder Ejecutivo; el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola; y el presidente subrogante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, José Roberto Sappa. No incluyó a los diputados.
Pero antes de comenzar a funcionar esa comisión ya tuvo una baja: el fiscal Carola decidió no integrarla porque su función es controlar, no asesorar. Así, la obra sigue sin terminarse y su futuro es incierto.
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