Exsecretaria tesorera denuncia al intendente Tríbolo por persecución política

Graciela Zapata, quien fuera tesorera de la Municipalidad de Larroudé hasta el 10 de diciembre del 2007, aseguró que es víctima de persecución política del actual intendente de la localidad, Néstor Tríbolo. La mencionada mujer esta semana fue exonerada por el jefe comunal en razón de que en abril de este año fue condenada a dos años y medio de prisión en suspenso por los cargos de administración fraudulenta y peculado, además de ser obligada a pagar una multa de 100 mil pesos.

En el día de ayer, la propia Zapata se presentó en la redacción de este diario, acompañada por María Cristina Paso de García, para manifestar su descontento a la medida que se tomó en el curso de la presente semana, responsabilizando directamente a Tríbolo: “Desde 1988 que trabajo en la Municipalidad de Larroudé, estuve en la Termas, en la parte de Rentas y durante 12 años lo hice como secretaria tesorera de la exintendenta María Cristina Paso de García, cuando entró el actual intendente, Néstor Tribolo, fui continuamente perseguida y hasta me ha humillado. No me dejó volver a trabajar en Rentas y me trasladó a la parte de Tránsito”.

“Me hizo 10 denuncias -agregó- desde que asumió en el 2007, en cinco, tanto Paso de García como yo fuimos sobreseidas. Por el resto siguieron las actuaciones judiciales y parecía que iríamos a un juicio oral y público. Después terminamos en un juicio abreviado. El martes último me despidió, quise hablar con él y no me atendió”.

La exsecretaria tesorera indicó que “pude dialogar con el contador Pablo Massa para ver cuánto me tenían que pagar y me dijo que no sabía. El lunes me llegó una carta documento firmada por Claudia Delfino de Garetto, como secretaria de sumarios administrativos, donde me decía que estaba despedida. Es la misma persona que me denunció junto con él. En esa oportunidad mintió, porque dijo que durante nuestra gestión había llegado un subsidio para ella de 2500 pesos y le habíamos dado 2000. Nunca vino nada a nombre de ella, aunque es cierto que se le dio uno”.

Graciela Zapata el día después de ser notificada, por consejo de su asesor letrado, se presentó para cumplir con sus tareas habituales: “El martes me presenté a trabajar, ninguno de ellos dos estaba y fue el contador Massa quien me avisó que tenía que retirarme del lugar de trabajo por orden del intendente Néstor Tríbolo. Le pedí que me firmara algo y dijo que no, pero que me entregaba una fotocopia de resolución. En la carta documento decía que por aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades quedaba exonerada, ya que la condena que surge a partir de un juicio abreviado establece que no puedo ejercer cargos jerárquicos dentro de la administración pública ni puedo manejar dinero”.

La ahora exonerada empleada municipal insistió con que “desde el 2007 el intendente Tríbolo me viene persiguiendo, desde ese año padezco cáncer de útero. Estuve en Santa Rosa y General Pico haciendo tratamientos por la enfermedad, nunca respetaron esa situación y eso que tienen mi carpeta médica. Venía a la mañana a una clínica privada de esta ciudad y me descontaban tanto el día como la asistencia. Hace cuatro meses que falleció mi hermano y no le han pagado lo que corresponde a mis padres”.

También denunció una situación irregular que se habría presentado hace casi cuatro años cuando inició un trámite para un familiar: “En el 2010 presenté toda la documentación para que mi hija, que estaba estudiando en Santa Rosa, pudiera acceder a una beca, pero me la denegó. El informe decía que no se la podían otorgar porque teníamos un auto 2010, alguien falseó la información. Hablé con Estela Jaca, le saqué una foto al automóvil de nuestra propiedad que es del año 1987. Evidentemente hubo una manifiesta maldad hacia mi persona. Todo esto está en conocimiento del viceintendente Osvaldo Allasia y la exsecretaria Cecilia Massa”.

“Nunca tuve problemas con el intendente Tríbolo ni con Claudia Delfino, la persecución política debe ser porque fui la secretaria tesorera de María Cristina Paso de García. Este señor no quiere saber nada con los marinistas. He quedado sin obra social justo cuando me tengo que realizar los estudios de control por el cáncer que padezco”, concluyó.

Condenadas y obligadas a pagar una multa de 100 mil pesos

En abril de este año, los jueces de la Cámara Criminal Residual con asiento en Santa Rosa, Alejandra Ongaro, Elvira Rossetti y Miguel Gavazza, aceptaron el juicio abreviado por el cual la exintendenta María Paso de García se declaró culpable de los delitos de peculado, fraude a la administración pública y abuso de autoridad. En razón de ello la pena fue de dos años y diez meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua. Debiendo resarcir al municipio con una cifra de 100 mil pesos.

Por su parte, la exsecretaria tesorera Graciela Zapata acordó una pena todavía menor, dos años y seis meses en suspenso, y una multa de 100 mil pesos. Los jueces fallaron diciendo que quedó comprobado que utilizaron fondos ingresado en la cuenta corriente de la Municipalidad y que estaban destinadas a fines específicos como microemprendimientos, subsidios y la construcción de tres viviendas.

La Unidad Básica pide la renuncia del jefe comunal

El Consejo de la Unidad Básica de Bernardo Larroudé, cuya vicepresidencia ocupa María Cristina Paso de García, convocó a una reunión especial “debido a la situación política que está atravesando nuestra comunidad, vemos con preocupación que determinadas personas de nuestra sociedad son atacadas, perseguidas, discriminadas y acosadas laboralmente, con un gran perjuicio político para nuestro partido siendo esto un visible ataque a la dignidad humana”, reza el comunicado de prensa entregado a los medios.

“No podemos permitir que se siga destruyendo al peronismo cuando nuestro partido se ha basado siempre en llevar las banderas bien altas de la justicia social, la verdad, la lealtad, el compañerismo, solidaridad y la dignidad del trabajador”, agregaron.

En la parte resolutiva las autoridades partidarias locales, expresan “pedir la renuncia al señor Intendente, elevando este pedido al Concejo Deliberante de Larroudé; al señor gobernador, Oscar Jorge; a la Cámara de Diputados de la provincia y al Consejo Provincial del Partido Justicialista”.

La Reforma