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El fiscal Campagnoli fue restituido en su cargo

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El fiscal José María Campagnoli fue repuesto hoy en su cargo al frente de la fiscalía de Núñez-Saavedra, pero el juicio político en su contra se reanudará en las próximas semanas para resolver si el funcionario incurrió en mal desempeño al presuntamente exceder los límites de una investigación sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Esa fue la sorpresiva resolución que tomaron esta noche, por voto dividido, los miembros del jury: los seis que ya estaban y el representante de la Defensoría en condición de suplente, Leonardo Miño, quien ahora será el presidente del jury al retomar el proceso.

Habrá que esperar si se produce sin problemas el regreso de Campagnoli al edificio de la calle Arias 4491, donde la mayoría de sus colaboradores fueron desplazados por la hasta hoy reemplazante Cristina Caamaño, ex funcionaria del Gobierno.

Campagnoli estaba a cargo de la fiscalía del barrio de Núñez-Saavedra y de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), mientras subrogaba la fiscalía 10, donde se tramitaba una denuncia por extorsión contra el financista Federico Elaskar que lo llevó a investigar los negocios de Báez.

Por impulso de la Procuradora General de la Nación, la oficialista Alejandra Gils Carbó, Campagnoli fue suspendido en sus funciones el 12 de diciembre pasado y a mediados de junio comenzó a ser enjuiciado en un proceso donde se debatía si se había inmiscuido en una causa que no le correspondía, si había aportado información a la prensa y si se había sublevado contra su jefa.

El juicio estaba a cargo de los mismos jueces que lo habían suspendido: Daniel Adler (Procuración), María Cristina Martínez Córdoba (Defensoría), Ernesto Kreplak (Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (Senado), Juan Octavio Gauna (Corte Suprema), Francisco Panero y Adriana Donato (ambos abogados).

El día de los alegatos, Martínez Córdoba se enfermó y su licencia terminó frenando el proceso por más de diez días, plazo máximo autorizado para que un debate se encuentre suspendido.

Mientras el jury se derrumbaba, Martínez Córdoba presentó su renuncia al cargo y los seis miembros del jury quedaron “empantanados” porque no definían quién iba a asumir como séptimo juez para tomar cualquier decisión sobre el futuro de Campagnoli.

El debate era si debía asumir el suplente Miño, que no estuvo presente en las audiencias y fue recusado por la fiscalía que acusa a Campagnoli, o Nicolás Toselli, de los tribunales de La Plata elegido de apuro frente a la renuncia de Martínez Córdoba.

El 7 de julio pasado los seis integrantes se habían reunido y quedaron enfrentados tres a tres. Pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 13, para ver cómo destrababan la cuestión.

En la sede de Avenida de Mayo al 700, donde un grupo pequeño de simpatizantes de Campagnoli instaba a tocar bocina a los automovilistas para restituir al fiscal, Gauna, Donato y Panero -los que se habían opuesto en diciembre a la suspensión de Campagnoli- terminaron imponiendo su postura para que lo primero que se analizara fuera la reacusación contra Miño.

Los seis integrantes entonces rechazaron esa reacusación y, por lo tanto, Miño quedó directamente incorporado al tribunal como el séptimo juez, pese a las especulaciones oficialistas que pensaban en una renuncia elegante dejando a Toselli en el puesto.

Sorteado el debate sobre la reacusación, los jueces quedaron en condiciones de resolver el planteo que había formulado la defensa de Campagnoli para que se levantara la medida cautelar que suspendía a su cliente en el cargo.

Fue entonces cuando llegó la noticia que sorprendió hasta a los propios abogados defensores: por cuatro votos contra tres Campagnoli fue repuesto en su puesto, al entenderse que la restitución no iba a “obstruir el normal funcionamiento de la dependencia a su cargo”.

El cuarto voto, clave para desempatar la cuestión, lo emitió el propio Miño.

La noticia sobre la reposición de Campagnoli tomó por sorpresa a sus propios abogados defensores: comenzó a correr como un rumor en las redes sociales y fue confirmado por el abogado Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados porteño, cuando los miembros del Tribunal todavía no habían salido del despacho.

Minutos después fueron los propios protagonistas de la resolución -Gauna, Panero y Donato- los que dieron detalles de la medida y precisaron que el 5 de agosto próximo tendrá lugar la audiencia preliminar para acordar cómo se reanudará el debate.

Según explicaron a esta agencia fuentes judiciales, no se podría incorporar más prueba ni testigos de los que ya se habían convocado, y habrá que resolver si los que ya desfilaron en el frustrado proceso anterior tienen que volver a presentarse o si bastará con leer sus dichos.

Los Andes

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