Abusos en 25 de Mayo: Volvieron a denegar la libertad de tres imputados

Un nuevo revés judicial sufrió la defensa de tres coimputados que se encuentran privados de su libertad, en el marco de una investigación por supuestos delitos de ‘abuso sexual y corrupción de menores’ que meses atrás habrían padecido varios alumnos de un Jardín de Infantes Nucleados (JIN) de la localidad de 25 de Mayo.

Según conoció recientemente La Reforma, días atrás el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) denegó nuevamente la libertad de tres acusados identificados como Marcelo Tatavitto, Gabriela Bastías y José María Tello, que trabajaban en el JIN Nº 12 de 25 de Mayo, el primero como coordinador y las restantes como docentes.

Fuentes ligadas a la investigación informaron que el STJ, a través de los magistrados Hugo Díaz y Eduardo Fernández Mendia, resolvió ‘rechazar in limine’ un Recurso Extraordinario Federal interpuesto por los abogados Omar Gebruers y Alejandra Lezcano López, defensores de los acusados.

Cabe apuntar que el Superior Tribunal había dictado una resolución en septiembre del corriente año, confirmando la medida de prisión preventiva que oportunamente dispusiera el juez de Control de General Acha, Héctor Freigedo, a pedido del fiscal Juan Bautista Méndez, cuando se formalizó la investigación penal contra los sospechosos, donde también se solicitaron distintas medidas de prueba.

La medida de coerción fue recurrida por la defensa ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), donde se ratificó la decisión del juez Freigedo; por lo que Gebruers y Lezcano López llevaron la discusión a los estrados del Superior Tribunal de Justicia, que a fines de septiembre declaró ‘inadmisible’ el recurso de casación.

Los magistrados del STJ señalaron entonces que “reiteradamente hemos sostenido la inadmisibilidad de las reediciones recursivas cuando ellas fueron acertadamente resueltas por el Tribunal judicial precedente, por lo que se traducen en esta instancia superior en una mera disconformidad con el criterio rector de razonamiento judicial expresado”.

Más adelante apuntaron “nótese que como lo resaltan los defensores, la última audiencia de reexamen de la prisión preventiva se llevó a cabo el día 10 de julio del corriente año, por lo que la proximidad en el tiempo transcurrido entre aquella audiencia, la revisión de esa medida ante el T.I.P. y el actual planteo de casación, tornan imposible que ‘en tan acotado espacio temporal’ haya sucedido variante alguna de los presupuestos que oportunamente se valoraron para imponer, y luego mantener, la medida de coerción hoy criticada”.

Recurso extraordinario

Tras esa decisión, y no conformes con la misma, los defensores de los imputados Tatavitto, Tello y Bastías presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia un Recurso Extraordinario Federal, pretendiendo con ello que las actuaciones sean elevadas a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación para que allí se revise la situación de detención de los imputados.

Las fuentes consultadas por este diario informaron que el pasado martes 17 de noviembre, los jueces Díaz y Fernández Mendia se reunieron como miembros de la Sala ‘B’ del STJ y tras analizar diferentes planteos esgrimidos por los defensores resolvieron ‘rechazar in limine’ el Recurso Extraordinario Federal interpuesto, entendiendo que no están dadas las condiciones de admisibilidad para que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación atienda el reclamo de los imputados.

De tal manera, se advirtió ayer a este diario, el Superior Tribunal de Justicia ‘cerró la posibilidad’ de seguir cuestionando la resolución del juez Freigedo que dispuso que Tatavitto, Tello y Bastías enfrenten el proceso penal privados de su libertad.

En tal sentido, cabe señalar que los jueces Díaz y Fernández Mendía apuntaron en relación al Recurso Extraordinario que “es posible advertir su improcedencia, toda vez que la resolución judicial atacada, no reviste la calidad de sentencia definitiva o auto equiparable a ella, es decir, carece de la aptitud requerida por la Ley 48 para ser objeto de la vía impugnativa extraordinaria federal”.

Por otra parte los magistrados también contestaron a una supuesta ‘arbitrariedad’ observada por Gebruers y Lezcano López en la resolución anterior que avaló al TIP.

“No se observan los presupuestos aludidos que posibiliten reconocer, de manera manifiesta, arbitrariedad en la decisión judicial adoptada sino que, a contrario sensu, dable es señalar que en aquella instancia y en la precedente, se ofreció a los recurrentes respecto de los agravios planteados (y particularmente al pedido de inconstitucionalidad), una clara y fundada respuesta, con la que puede disentir, pero no desconocer”, advirtieron.

Traslado de menores a una chacra

La investigación que la Justicia pampeana lleva adelante desde julio por supuestos delitos de ‘abuso sexual y corrupción de menores’, busca esclarecer si, como denunciaron alrededor de 35 padres de alumnos que concurrían al JIN Nº 12 de la localidad de 25 de Mayo, los menores fueron retirados del establecimiento educativo y trasladados a una chacra.

Además de la discutida prisión preventiva de los imputados Marcelo Tatavitto, Gabriela Bastías y José María Tello, el juez Héctor Freigedo también hizo lugar a distintas medidas de prueba requeridas por el fiscal Juan Bautista Méndez, entre ellas entrevistar a los menores a través del sistema de Cámara Gesell y practicarles a algunos de ellos pericias psicológicas.

Como La Reforma informó en distintas oportunidades, durante las entrevistas surgieron declaraciones de interés para el caso que comprometen a los acusados; mientras que durante las últimas semanas se practicaron exámenes psicológicos para establecer si algunos de los alumnos presentan rastros de haber sufrido los delitos investigados.

La investigación, en la que también entienden los abogados querellantes Armando Agüero y Vanesa Ranocchia, es seguida con atención por una importante cantidad de vecinos de 25 de Mayo que enviaban a sus hijos al JIN Nº 12, desde donde supuestamente fueron trasladados -con presunto conocimiento de las docentes Bastías y Tello- a una chacra que le pertenece a Tatavitto, lugar en el que se habrían registrado prácticas que podrían configurar delitos de ‘abuso sexual y corrupción de menores’.

El caso, que durante los últimos meses registró distintas manifestaciones en reclamo de Justicia por parte de familiares y amigos de las supuestas víctimas, cuenta con un cuarto imputado, precisamente un exdocente de 25 de Mayo identificado como Oscar López, quien fue detenido a partir de una denuncia que a mediados de septiembre se incorporó a la causa, dando cuenta de supuestos encuentros de los niños con ‘payasos buenos y payasos malos’ en la chacra de uno de los detenidos.

En ese marco vale destacar que la madre de una niña denunció que su hija mencionó, aterrada, a ‘un payaso con pata de palo’ que la tendría amenazada. Según se sospecha se trataría de López, por contar el mismo con una discapacidad para trasladarse y manifiesta amistad con Tatavitto.

En relación a Tatavitto cabe recordar que es el único de los coimputados que permanece detenido con ‘prisión preventiva’ en una Alcaidía policial; ya que Bastías, Tello y López cumplen una medida de coerción menos gravosa de ‘arresto domiciliario’, por ser las primeras madres de menores de corta edad, y el masculino discapacitado.

La Reforma